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Manifiesto del PSOE por el Día Internacional del Migrante

Manifiesto del PSOE por el Día Internacional del Migrante
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En el Día Internacional del Migrante desde el PSOE reivindicamos con firmeza la dignidad y los derechos de todas aquellas personas que abandonan su país en busca de una vida mejor. Esta búsqueda de nuevas oportunidades, impulso de supervivencia y anhelo de mejora que nos define como seres humanos, no solo ha contribuido, de forma fundamental, a escribir la historia de la humanidad; además, está llamada a estimular uno de los fenómenos de mayor impacto político, social y económico de este siglo XXI.
Pese a los avances en muchos aspectos del desarrollo humano en las últimas décadas, la realidad es que todavía persisten gran parte de las causas que, históricamente, han promovido las migraciones, como es el caso de la pobreza extrema, la guerra o la persecución, al tiempo que han aparecido nuevos factores, como la amenaza del cambio climático, la creciente desigualdad o problemas de seguridad ciudadana. Por otra parte, la mejora de las comunicaciones de la mano de la globalización, así como la crisis demográfica a la que se enfrentan los países desarrollados, han incentivado también de forma notable las migraciones.
Según datos de Naciones Unidas hemos pasado de cerca de 150 millones de personas migrantes en el año 1990 a alrededor de 250 millones en la actualidad. Asimismo, en estos momentos en España viven 4,5 de millones de inmigrantes y tenemos a más de 2 millones de españoles viviendo en el exterior.
Estamos haciendo frente, por tanto, a una compleja revolución demográfica que debe ser gestionada con inteligencia y atendiendo, por encima de cualquier consideración, a los derechos humanos. Porque los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos humanos que deben ser protegidos y respetados. Es por ello que condenamos un año más las miles personas ahogadas en el mediterráneo, la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España o la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, así como la proliferación de los discursos de odio y xenofobia en muchos países de nuestro entorno.
Pero condenar y denunciar, año tras año, no es suficiente. Debemos seguir trabajando, sin descanso, por la protección de los derechos de los migrantes, pero también promover un cambio en la percepción pública sobre el fenómeno migratorio y recuperar las políticas públicas centradas en la integración que puso en marcha el anterior gobierno socialista.

Por otro lado, a nivel internacional, el fenómeno migratorio exige reforzar la cooperación entre países, no solo a través del intercambio de experiencias, sino fomentando el desarrollo de acciones colectivas de carácter bilateral y multilateral entre países emisores y receptores. En este sentido, es fundamental que la Unión Europea vaya más allá de acuerdos dirigidos al mero control de fronteras y procesos de readmisión, para articular una verdadera política migratoria común que fuerce a los Estados miembros –también a España- a cumplir con sus compromisos de acogida y ponga también el foco en las políticas de integración.
En cualquier caso, la lucha contra el tráfico de personas y la promoción de la inmigración desde el patrón de la legalidad son objetivos irrenunciables de las políticas migratorias de los distintos países. La primera víctima de las vías clandestinas es el propio inmigrante sometido a riesgos que amenazan su propia seguridad. Favorecer la contratación en origen y la reagrupación familiar y promover políticas de integración y convivencia han de ser objetivos irrenunciables de las sociedades de acogida de un país como España.
Por último, no podemos olvidar a los millones de compatriotas españoles que viven en el extranjero. Un colectivo que se ha ampliado y transformado considerablemente con la marcha de miles de jóvenes por causa de la crisis económica en España y que precisa de acciones urgentes como son el pleno desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, la eliminación del voto rogado o la articulación de una política integral en materia de retorno.
Consolidación de derechos que se han demandado históricamente por el colectivo emigrante y apertura a las nuevas demandas y realidades de la ciudadanía en el exterior son las exigencias que nuestro país debe atender en los próximos años.