El Gobierno aprueba el tercer ciclo de planificación hidrológica que garantizará agua de calidad y asequible en todo el territorio

Isabel Rodríguez: “Confiamos en el apoyo mayoritario en el Congreso de unas medidas que están destinadas especialmente para la mayoría social”

“Los Reales Decretos que se debaten hoy en el Congreso son muy importantes para la inmensa mayoría de la ciudadanía de nuestro país”. De esta manera, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, comenzaba su comparecencia tras el Consejo de ministros. Se trata de una serie de medidas transversales las llevadas hoy al Congreso “que atienden a una mayoría social en un momento de incertidumbre”. Entre ellas, Rodríguez ha destacado “la bajada del IVA en los alimentos de primera necesidad, la ayuda de 200 euros para las familias más necesitadas, la rebaja del 30% en el trasporte público urbano e interurbano, el incremento del Ingreso Mínimo Vital en un 15%, así como en las pensiones no contributivas”. Además de ayudas directas a los sectores más afectados como es el caso de los agricultores o de la industria gasintensiva. “El Gobierno confía en la responsabilidad de todos los grupos” destacaba la ministra “y en el apoyo mayoritario de unas medidas que están destinadas especialmente para la mayoría social”.

Rodríguez se ha centrado en dos acuerdos importantes en la gestión eficaz del día a día que lleva a cabo el Gobierno. En primer lugar, ha hecho referencia al Acuerdo del Estatuto del Artista. Se trata de una modificación del reglamento del IRPF para cumplir en materia de retenciones con los artistas “reduciendo del 15 al 2 % el tipo mínimo de retención y rebajando del 15 al 7% la retención de los artistas que tributen como autónomos con rendimientos inferiores a 15.000 euros”.
De hecho, la portavoz ha recordado que “es la primera vez que, de manera integral, se contempla a estos profesionales”. Un estatuto que se aprobó en 2018 por unanimidad en el Congreso de los Diputados y que hoy beneficia a más de 70.000 artistas. El objetivo del Gobierno para la portavoz es que “estos profesionales puedan vivir dignamente de su trabajo”. De hecho, recordaba Rodríguez que desde su aprobación en el Congreso “hemos avanzado en el 80% de las medidas que se contemplaban. Un total de 46 de las 58 medidas ya están en marcha”.

Además, la ministra ha informado de un acuerdo del ministerio de Inclusión y Seguridad Social, de uno de los principios del Gobierno como es la “eficacia en la gestión, así como la cooperación con otras administraciones públicas”. Se trata de la aprobación de un Decreto que va a facilitar el uso de inmuebles hoy vacíos y que son propiedad de la Seguridad Social. En definitiva, para Rodríguez “significa que lo que es de todos pueda ser disfrutado por todos en beneficio de la ciudadanía, con una finalidad pública”.
Los objetivos de esta reforma son para Rodríguez, por un lado “crear un concepto de adscripción gratuita para eliminar las trabas y los procedimientos burocráticos”, además se va a “regular la cesión de uso a otros fines públicos”, y por último, y en aras de la modernización de la administración pública y a la buena gestión de los recursos públicos, la tesorería de la Seguridad Social se ha comprometido, en el plazo de tres meses, presentar un Plan de optimización y mejora de la gestión de este patrimonio.

Planificación hidrológica

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ideológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado el Real Decreto con el que se acometerá el tercer ciclo de planificación hidrológica de nuestro país. Este trabajo que ha durado tres años y “en el que ha participado todo el que haya querido” hará que España cumpla con las leyes nacionales y europeas que le obligan a ejecutar un caudal mínimo en la cabecera del Tajo. “Ningún ciudadano, grupo parlamentario o institución debería cuestionar el cumplimiento de la ley”, ha argumentado Ribera. Al mismo tiempo, la ministra ha garantizado que el cumplimiento de esta obligación no pone en riesgo el suministro de agua para la población de la cuenca del Segura ni para la actividad económica de la zona.
Para ello, el plan aprobado este martes contempla una inversión de más de 22.000 millones de euros hasta 2027, de los cuales más de 10.000 saldrán de las arcas del Estado. Las acciones previstas se centrarán en primer lugar en la diversificación de los recursos hídricos de nuestro país. Ribera ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar el agua subterránea de los acuíferos, la desalada y la reutilizada. “No podemos controlar cuánta agua llueve, pero sí cuánta agua se desala o se reutiliza”.

El plan de trabajo aprobado contempla también otras actuaciones. Es el caso del aumento del agua disponible gracias a la eficiencia en su uso, así como a la mejora de las infraestructuras de transporte y almacenamiento para que no se pierdan recursos hídricos. Ribera ha adelantado además un aumento en la capacidad de las desaladoras y en el uso del agua reutilizada. También se prevén inversiones para mejorar la calidad y potabilidad de los acuíferos.
“No debemos enfrentar territorios, debemos encontrar soluciones juntos, y eso es lo que hemos hecho”, ha asegurado Ribera. La ministra ha dado datos concretos que sustentan esta afirmación. Mientras en el peor de los casos, el cumplimiento del caudal ecológico del Tajo supondrá una pérdida de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en el Segura, las actuaciones del Gobierno aumentarán el agua disponible en esta cuenca en hasta 140 hectómetros.
Las otras dos claves con las que el Gobierno de Pedro Sánchez ha redactado este ciclo de planificación es la anticipación y la regulación del precio del agua. “Debemos prepararnos para los extremos”, para riesgos de inundaciones como para sequías. Ribera ha narrado cómo desde 1980 el agua media disponible se ha reducido en un 12%. Estos son datos ya observados, en cuanto a las previsiones, los estudios estiman una pérdida adicional de entre el 14% y el 40% de aquí a 2050.
Por último, la protección del Gobierno no se extenderá únicamente a la cantidad o calidad del agua de la que dependen tantos sectores económicos. El Ejecutivo de Sánchez, en palabras de Ribera, tiene el compromiso de que el precio del agua desalada “no sea inasumible” para aquellos que la necesitan en su negocio.